Cuando compramos una vivienda, el 25% del precio final, lo constituyen tasas e impuestos. Los promotores y constructores llevan tiempo denunciando esta situación. Por eso, ahora dada la situación de crisis sanitaria que prácticamente nos ha paralizado, la patronal ha propuesto al Gobierno varias medidas para que el sector inmobiliario pueda ser el motor de la recuperación económica, entre ellas la rebaja del IVA al 4% en la adquisición de viviendas de obra nueva.
Si bien, el IVA no es el único impuesto que se paga durante todo el proceso constructivo, sino que hay varios impuestos y tasas que exigen tanto Ayuntamientos, Comunidades Autónomas, como el Estado, que conlleva una cuarta parte del precio final de la vivienda. Así, cabe señalar como ejemplo las tasas por licencias de obras, de primera ocupación, de piscina, vado, plusvalías, IBI, etc.
Este incremento de la fiscalidad se debe a los años del boom inmobiliario, cuando los Ayuntamientos se financiaban básicamente a través del urbanismo, situación que después de la crisis del 2008 no se ha reconducido.
Expertos en el sector consideran que la fiscalidad debería reducirse 10 puntos hasta llegar al 15% del precio final. De esta manera se facilitaría de manera sustancial la construcción de vivienda más asequible para la clase media.
